El Solidario, junio-agosto de 2004
La Ley Federal de Educación
(o cómo implementar un fracaso)*
A lo largo de la última década, la Provincia de Buenos Aires mostró una inusual y fervorosa decisión para aplicar estrictamente la Ley Federal de Educación, aún careciendo de los recursos materiales y humanos necesarios para una transformación de semejante envergadura. La improvisación y el salto al vacío se constituyeron en política educativa, y de esta ausencia de planificación estatal seria resultó la desaparición de la enseñanza media y la primarización del tercer ciclo de la Enseñanza General Básica.
Objetivamente, la Ley ha fracasado. Entendemos que para todo un vasto universo de funcionarios y técnicos que han trabajado en la elaboración y puesta en práctica de esta Ley resulte difícil asumir y reconocer su fracaso; pero no deja de ser llamativo que en la actual coyuntura política donde se está revisando críticamente el modelo económico de los años noventa, no se cuestione a una Ley que responde a las pautas de dicho modelo y fue funcional al mismo.
Este fracaso del que hablamos se refleja en hechos visibles y palpables. Sin pretensiones de agotar el análisis, veamos algunas de las consecuencias de la “transformación educativa”:
a) La retención escolar, la permanencia de los alumnos en el sistema sin importar en qué condiciones, se convirtió en el objetivo central de la política educativa. Las estadísticas muestran una expansión cuantitativa de la matrícula, pero la tasa de escolarización en relación con la población total no ha crecido y –lo que es peor-, las estrategias de retención se instrumentan a costa de los aprendizajes, que son cada vez más precarios según hemos podido observar en el perfil de los ingresantes al Colegio en los últimos años.
b) El señor Director General de Cultura y Educación manifiesta su preocupación por “la baja calidad de los saberes básicos, la dificultad para aprender a cumplir normas y el desafío que la pobreza extrema significa para la educación”. Sobre este punto creemos necesario agregar que la Ley Federal de Educación no hizo sino agravar estos problemas. La crisis económica y social generó niveles de exclusión inéditos en el país y, ante la deserción del Estado, la escuela se encontró frente a un rol que no es el propio: la asistencia social. La “escuela-contenedora” se convirtió en un sitio donde los alumnos son retenidos puertas adentro no para aprender, sino para recibir la atención social básica que deberían recibir del Estado en otros ámbitos más adecuados y preparados para ese fin. De este modo, la función de la escuela y del docente han quedado completamente desdibujados. Por eso, cuando el señor Director General de Cultura y Educación afirma que “el gran tema (...) es cómo hacemos una escuela donde se aprenda más, incluso en contextos de pobreza extrema”, debería plantearse si eso es posible sin atacar previamente a esa pobreza extrema que el funcionario pone como un hecho natural e irreversible, como una especie de marco inevitable del aprendizaje.
c) Pese a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de Educación, donde se señala que el Estado provincial debe “garantizar la calidad de la formación mediante la evaluación permanente”, la cuestión de qué, cómo y cuánto aprenden los alumnos ha quedado relegada en beneficio de la pura retención-contención. La escasa (cuando no inexistente) formación y perfeccionamiento del docente contribuyó a esa constante degradación de la escuela como transmisora y generadora de conocimiento. La promoción automática y los niveles de exigencia cada vez menores (palpables sobre todo en los tres ciclos de la EGB), en función del objetivo central de mantener y retener la matrícula a toda costa, terminan siendo una estafa para el alumno a quien se le certifican saberes que no posee.
d) En estas condiciones, el Polimodal no ha logrado reemplazar eficazmente a la antigua escuela secundaria: la infinidad de currículas diferentes, desconectadas entre sí y vaciadas de todo contendido cultural y científico, unido a la improvisación que ya señaláramos como herramienta de política educativa, tienen su resultado objetivo en los reiterados y cada vez más catastróficos fracasos en el ingreso a las Universidades. El ejemplo más acabado de la destrucción de la escuela media está en lo ocurrido con el CONET y con las escuelas técnicas, reemplazadas por los llamados “Trayectos Técnicos Profesionales” que redujeron a tres los seis años de la enseñanza técnica tradicional, con la pérdida consiguiente en materia de formación y preparación de capital humano destinado al aparato productivo.
e) A estas cuestiones debemos agregar la situación específica de los docentes. El retraso salarial, la falta de preparación adecuada, la burocratización excesiva y absurda en la gestión de los recursos humanos, la necesidad de acumular horas y cargos para sumar un ingreso mínimamente digno (con la consiguiente imposibilidad para maestros y profesores de dedicar tiempo y esfuerzo a su formación y actualización profesional), son impedimentos objetivos para cualquier proyecto tendiente a mejorar la calidad educativa. No deja de ser llamativo que, a pesar de la rigurosidad mostrada por el Estado provincial a la hora de cumplir con la Ley en sus aspectos organizativos, no se haya puesto el mismo énfasis en aplicar los artículos relativos al financiamiento, que establecen que la inversión pública consolidada debería aumentar 20 % por año a partir de 1993, meta que la misma ley señala como de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, la asignación de fondos públicos para el sostenimiento de la escuela privada es otro aspecto (generalmente oculto en el debate) que contribuye a esa insuficiencia presupuestaria.
En este contexto creemos que cualquier “reforma a la reforma” no aportará ninguna solución de fondo a la crisis del sistema. A nuestro entender lo más adecuado sería atacar a los fundamentos de esa crisis que, en su aspecto normativo, tiene su origen en las leyes 24049 de transferencia de los servicios educativos a las provincias y 24195 de Educación. La solución de fondo implica derogar ambas leyes y volver, en el mediano plazo, a la vieja estructura primaria-secundaria y, a largo plazo, a que el Estado nacional retome el control del sistema educativo, única alternativa viable para superar el actual estado de fragmentación que llevó a que en la Argentina de hoy se hayan profundizado como nunca las desigualdades educativas entre las diferentes regiones. En ese marco se podrán entonces plantear las reformas necesarias.
No compartimos la idea del señor Director General de Cultura y Educación de que “no se trata del diseño de una nueva ley ni del comienzo de una nueva historia”. La situación ha llegado a un punto crítico, no a pesar sino a causa de la Ley Federal de Educación. No es posible mejorar un fracaso y lamentamos profundamente que las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires no tengan hoy en día “pretensiones fundacionales”, cuando lo que necesita la educación es, precisamente, construir sobre sus propias ruinas.
* Documento elaborado por el plantel docente del CNSI a partir de una consigna de trabajo de las Jornadas Pedagógicas, impulsadas por la Dirección de Cultura y Educación el día 28 de junio de 2004. Las citas que aparecen en el texto pertenecen a una carta del Director General, Mario Oporto, dirigida a los docentes.
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